La industria química española cerró 2025 con una estabilidad que conviene analizar con cautela. La cifra de negocios se situó en 85.417 millones €, prácticamente en línea con la del año anterior, y el sector volvió a demostrar su fortaleza exterior al consolidarse como primer exportador de la economía española, con 62.926 millones € en ventas internacionales. Hablamos de una industria que aporta el 12% del PIB industrial y cerca del 7% del empleo del sector privado. Son datos relevantes, sin duda, pero que no describen por sí solos la fotografía completa de la situación del sector.
Lo cierto es que, bajo esa estabilidad y solidez persiste una realidad mucho más preocupante para la Química Básica, que representa aproximadamente un tercio de la producción del sector y que se encuentra en el origen de prácticamente todas las cadenas de valor, al estar presente en el 98% de las actividades productivas. Cuando la Química Básica pierde competitividad, no se debilita solo una actividad industrial, sino que se resiente una parte esencial de la capacidad productiva de España y de Europa.
La principal causa de esa pérdida de competitividad sigue siendo la energía. Las medidas temporales adoptadas recientemente ante la crisis en Oriente Medio han sido positivas y han contribuido a aliviar parte del impacto inmediato sobre las plantas, pero el problema de fondo no es coyuntural. La industria no puede depender de que haya o no una crisis geopolítica para disponer de un precio de la energía competitivo. Necesita un marco estable y previsible que permita planificar inversiones a largo plazo. Porque cuando no se planifican inversiones, se planifican desinversiones.
Los datos son muy claros. Al cierre de 2025, el precio medio del gas seguía un 145% por encima de los niveles precrisis de 2019; los derechos de emisión acumulaban un incremento del 170%; y los precios eléctricos, incluyendo los servicios de ajuste, eran un 65% superiores. Además, Europa compite en clara desventaja frente a otras regiones: el gas natural cuesta entre cuatro y cinco veces más que en Estados Unidos y alrededor de un 30% más que en China.
Por eso el sector reclama medidas estructurales concretas: actuar sobre la fiscalidad eléctrica, consolidar la reducción de peajes para consumidores electrointensivos, corregir el impacto de los servicios de ajuste, reforzar las compensaciones por emisiones indirectas de CO2 y desarrollar un Estatuto de Consumidores Gasintensivos.
Pero la energía no es la única prioridad. También es imprescindible simplificar y mejorar el marco regulatorio que afecta a la industria química. Los costes derivados del cumplimiento normativo han crecido de forma continuada hasta alcanzar entre el 12% y el 13% del valor añadido bruto del sector, lo que en España equivale a unos 2.700 millones € anuales. A ello se suma la necesidad de flexibilizar y mejorar las regulaciones ETS y CBAM, reforzar los instrumentos de defensa comercial frente al dumping y las subvenciones de terceros países, y desplegar herramientas eficaces que apoyen la inversión en descarbonización. Entre ellas, los Contratos por Diferencias de Carbono pueden desempeñar un papel decisivo, al aportar certidumbre a largo plazo y reducir la exposición a la volatilidad de los precios energéticos y del CO₂.
En definitiva, la respuesta, hoy, sigue siendo la misma: industria y más industria. Europa no podrá avanzar con eficacia hacia sus objetivos climáticos si no cuenta con una industria química fuerte y competitiva. Preservar industria, inversión e innovación exige actuar con urgencia.